DGOJ reabre la consulta sobre detección de jugadores problemáticos en España

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha reabierto la consulta pública sobre la detección de jugadores problemáticos en España mediante un test mensual y centralizado. El periodo de alegaciones se abrió el martes 13 de octubre y permanecerá activo hasta el 22 de octubre de 2026, según iGB.

El mecanismo sería vinculante para todos los operadores de juego online con licencia estatal. Tendrían que ejecutarlo durante los siete primeros días naturales de cada mes y analizar la actividad de las cuentas correspondiente a los 183 días anteriores.

Cómo funciona el test mensual

La evaluación se divide en cuatro etapas y se aplica a todas las cuentas no excluidas. Las que registran una actividad reciente mínima quedan fuera del análisis. Después se aplican umbrales objetivos sobre cuatro variables.

Los operadores calculan alrededor de 48 características: depósitos, retiradas, apuestas (importe, hora y tipo de producto), duración de la sesión, mezcla de productos, franja horaria, uso de herramientas de autoexclusión, retiradas canceladas y categorías de instrumentos de pago. Un modelo procesa esos datos y genera una puntuación de probabilidad. Las cuentas que superan el umbral definido quedan marcadas como "en comportamiento de riesgo".

La DGOJ señala que excluye de forma expresa fuentes externas como redes sociales, historial de navegación y registros financieros o de salud detallados.

Qué pasa cuando una cuenta queda marcada

La clasificación activa de inmediato las respuestas reguladas en el Real Decreto 176/2023. El operador debe comunicar al jugador la clasificación y explicarle los factores que han contribuido a ella. El jugador tendrá que mantener una interacción efectiva en un plazo de 72 horas; si no lo hace, la relación de juego queda suspendida hasta que cumpla el requisito.

Mientras la cuenta esté marcada no se permiten actividades promocionales, el jugador queda excluido de los servicios VIP y se restringen las comunicaciones de marketing. También se impone el uso de métodos de pago nominativos y la prohibición de tarjetas de crédito, con validación del método utilizado.

Como se trata de un perfilado automatizado a gran escala con consecuencias legales, la DGOJ indica que ha preparado una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (DPIA) conforme al RGPD. El jugador puede pedir al operador una revisión sobre la exactitud de los datos y la aplicación de las reglas; si no queda satisfecho, puede elevar la queja a la DGOJ. Las medidas de protección siguen activas durante la revisión y el operador mantiene la obligación de exigir la interacción en 72 horas. El regulador prevé evaluaciones periódicas del mecanismo con datos agregados e informes de los operadores, ajustes de variables, umbrales o parámetros del modelo, y auditorías técnicas independientes.

Las dudas de los operadores y el calendario que viene

La primera ronda de consulta, en 2025, recibió comentarios de asociaciones de operadores, proveedores, algunos operadores y grupos de defensa de los jugadores. Entre las objeciones figuraban los costes de integración y explotación: los operadores discutieron la estimación de la DGOJ de 130.000 euros (145.320 dólares) por operador. También se plantearon dudas sobre la precisión del modelo en juegos con componente de habilidad, como el póker y las apuestas deportivas, y sobre los riesgos de protección de datos del perfilado automatizado.

El origen de la iniciativa está en el Real Decreto 176/2023, que reforzó las obligaciones de juego más seguro pero permitía a cada operador definir sus propios modelos e indicadores. Esa divergencia es la que ha llevado a la DGOJ a diseñar un mecanismo común para todos los operadores con licencia estatal.

En marzo, el regulador publicó su Programa de Juego Seguro 2026-2030, que señalaba su preocupación por los patrones de conducta asociados a las cajas botín, los casinos sociales y otras funciones híbridas que pueden normalizar el juego entre menores y adultos jóvenes. Este año también anunció un programa de subvenciones para financiar investigación sobre la prevención y los riesgos del juego. El plazo para revisar el borrador de resolución, los anexos y la DPIA termina el 22 de octubre.

Nuevas reglas para verificar la titularidad de los pagos

El otro frente regulatorio llega por la vía del blanqueo. El Real Decreto 813/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de octubre, modifica las normas que desarrollan la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, informa SBC News.

La exigencia principal es que la titularidad del pago coincida con la cuenta de juego: el operador debe verificar que los métodos usados para depósitos y retiradas pertenecen al titular registrado, como recoge SBC News citando a SBC Noticias. El artículo 21 obliga a comprobar que el titular del método de pago es el propietario de la cuenta de juego, y las verificaciones de las primeras transacciones deben quedar registradas. El texto se aplica a las transacciones de juego online realizadas por canales electrónicos, informáticos, de aplicación e interactivos.

Los clientes existentes disponen de un periodo transitorio de seis meses para completar los ajustes. Durante ese plazo pueden seguir depositando con sus métodos habituales y participando en los juegos, pero las retiradas de ganancias quedan restringidas hasta que se cumpla la verificación. La disposición transitoria señala que los jugadores afectados "no podrán retirar las ganancias que hayan obtenido". Cuando expire el plazo, los operadores deberán resolver unilateralmente los contratos con los clientes cuya titularidad de pago siga sin verificarse. Las altas y bajas deben comunicarse a la DGOJ, y el cierre de la cuenta exige devolver los saldos pendientes, incluidas las ganancias retenidas durante la transición, con sujeción a las obligaciones de prevención del blanqueo. Los operadores tienen ese mismo periodo para adaptar sus sistemas técnicos.

El decreto también eleva los estándares de identificación remota, que deben cumplir los requisitos mínimos de las autorizaciones generales publicadas por Sepblac, la autoridad española de inteligencia financiera. Las modificaciones reconocen expresamente el DNI en formato físico y digital. Las disposiciones sobre identificación electrónica y conservación de la información obtenida se aplicarán 18 meses después de la publicación. Las empresas deberán mantener por escrito políticas sobre sanciones financieras internacionales y contramedidas, además de sus controles actuales.

El real decreto entra en vigor el 28 de octubre de 2026, con periodos de adaptación distintos según la obligación.