El DGOJ activa la verificación de pagos de jugadores online y reabre consulta de riesgo

Los operadores de juego online con licencia en España deberán comprobar que los métodos de pago que usan sus clientes pertenecen al titular de la cuenta. El Real Decreto 813/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de octubre y en vigor desde el 28 de octubre, introduce esa obligación en el marco de prevención del blanqueo de capitales de la Ley 10/2010, según recoge Casino News Daily.

Qué cambia para los jugadores con pagos no verificados

El artículo 21 del decreto establece que «la titularidad del pago debe coincidir con la cuenta de juego» y que los operadores «deben verificar que los métodos de pago utilizados para ingresos y retiradas pertenecen al titular registrado». Los clientes ya existentes disponen de seis meses para completar la comprobación. Durante ese plazo pueden seguir ingresando y jugando, pero no podrán retirar sus ganancias hasta que la verificación quede resuelta: la disposición transitoria indica que los jugadores afectados «no podrán retirar las ganancias que hayan obtenido».

Si el cliente sigue sin verificar al término del plazo, el operador debe extinguir la relación contractual, comunicarlo a la DGOJ y devolver los saldos pendientes, incluidas las ganancias retenidas, siempre con sujeción a las obligaciones de prevención del blanqueo.

El texto también refuerza los estándares de identificación remota y reconoce el DNI español en formato físico y digital. Los requisitos de identificación electrónica y conservación de información se aplicarán tras un periodo de adaptación de 18 meses.

Consulta sobre la detección mensual del riesgo

En paralelo, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha reabierto la consulta pública sobre su propuesta de que todos los operadores con licencia estatal apliquen la misma prueba automatizada de riesgo cada mes. La consulta se extiende del 14 al 22 de octubre de 2026, después de las revisiones derivadas de un informe de la Agencia Española de Protección de Datos fechado el 15 de junio.

El sistema analizaría los 183 días previos de actividad durante los siete primeros días naturales de cada mes. Tras descartar a los jugadores esporádicos, se aplicarían umbrales iniciales basados en la actividad, las ganancias o pérdidas netas, las apuestas y los depósitos. Un modelo de aprendizaje automático evaluaría después las cuentas restantes con 48 variables, entre ellas retiradas, duración de sesión, productos elegidos y categorías de pago. El modelo usaría datos de la cuenta en poder del operador y excluiría redes sociales, historial de navegación, geolocalización, registros financieros externos y datos de salud. La clasificación es una categoría regulatoria, no un diagnóstico clínico.

Los operadores tendrían que explicar la clasificación y sus principales factores en lenguaje claro. El jugador dispondría de 72 horas para responder; de lo contrario, la cuenta quedaría suspendida hasta que cumpla. Durante al menos seis meses, los clientes señalados perderían acceso a promociones, servicios VIP y correos de marketing, y deberían usar métodos de pago a su nombre, con prohibición de tarjetas de crédito. Podrían solicitar una revisión al operador antes de elevar la queja a la DGOJ, y las restricciones seguirían activas en ambas fases.

La primera ronda de consulta recibió 18 alegaciones, en las que el sector cuestionó los costes de implantación, la precisión del modelo y la auditoría independiente. La DGOJ calcula 130.000 euros por operador, unos 7,4 millones en conjunto para los 57 operadores con licencia. La resolución prevista entraría en vigor dos meses después de su publicación en el BOE. La verificación de pagos y el modelo de riesgo son procesos regulatorios distintos.

Los límites de depósito y el recurso ante el Supremo

Otro frente regulatorio avanza en paralelo. El Real Decreto 520/2026, publicado el 25 de junio, introdujo límites de depósito compartidos entre operadores: 700 euros al día, 1.750 a la semana y 3.300 en cuatro semanas. La DGOJ gestionará el sistema de forma centralizada y la implantación está prevista para el 25 de marzo de 2027.

Jdigital, la patronal de los operadores online con licencia, prepara un recurso ante el Tribunal Supremo. Sostiene que las restricciones chocan con el marco legal vigente y resultan desproporcionadas. El recurso no suspende automáticamente la aplicación: salvo que el tribunal conceda medidas cautelares, los operadores deben seguir preparando la conexión al sistema central de la DGOJ.

El Gobierno también prevé un algoritmo de detección de juego problemático y ha anunciado modificaciones más amplias de la Ley del Juego, unas reformas con las que los operadores han indicado que no piensan colaborar. El escenario político añade incertidumbre: Pedro Sánchez convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre tras el rechazo del Congreso a dos decretos sobre vivienda. El calendario de los límites de depósito no cambia, porque el decreto ya está publicado. El asunto centró la conferencia Gaming in Spain, celebrada en Madrid el 15 de octubre con la intervención del director general de la DGOJ, Mikel Arana.

La consulta sobre el modelo de riesgo se cierra el 22 de octubre. El decreto de verificación de pagos entra en vigor el 28 de octubre y los clientes existentes cuentan con seis meses para completar la comprobación, mientras la conexión al sistema central de límites de depósito está fijada para el 25 de marzo de 2027.