La prohibición de apuestas online en Brasil pone en riesgo R$73.000 millones en impuestos

Los sitios de apuestas regulados en Brasil dejaron de operar el 6 de octubre. La medida provisoria 1.394/2026, firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de septiembre, prohíbe las apuestas deportivas de cuota fija y los casinos online, entró en vigor de inmediato y solo seguirá vigente si el Congreso la aprueba. Sobre ese escenario, un estudio encargado por el Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) sitúa el impacto económico de la prohibición de las apuestas online en Brasil en hasta R$73.000 millones, unos 14.700 millones de dólares, de recaudación perdida en cuatro años, según Casino.org.

El estudio: qué mide y con qué supuestos

La investigación la firmó LCA Consultores por encargo del IBJR. Conviene precisar el origen: el IBJR es una patronal del sector, no un organismo público, así que la cifra llega de una parte interesada. Los cálculos son estos:

• Entre R$58.000 millones (11.600 millones de dólares) y R$73.000 millones (14.700 millones) menos de recaudación en cuatro años si se prohíben tanto las apuestas deportivas como el casino online. El escenario parte de que entre el 80% y el 100% de los jugadores que hoy apuestan con operadores regulados migrarían al mercado ilegal.
• 15.500 empleos directos e indirectos en riesgo. Unos 10.000 son directos y 5.500 indirectos, y los primeros generan alrededor de R$460 millones (92 millones de dólares) al año en salarios.
• Las licencias federales de cinco años se pagaron a R$30 millones (6 millones de dólares) cada una. Si los 85 licenciatarios reclamaran una compensación, la exposición potencial sería de R$2.550 millones (512 millones de dólares).
• Las empresas de apuestas gastaron más de R$1.100 millones (221 millones de dólares) en patrocinios de equipos de la Série A durante 2025, siempre según el estudio.

El contexto ayuda a dimensionar el giro. El marco legal del mercado se estableció a finales de 2023 y los operadores funcionan bajo el sistema regulado desde enero de 2025, apunta ISA-GUIDE.

El gobierno defiende la medida y demanda a 17 empresas

El Ministerio de Hacienda justifica la intervención por los problemas de juego, el endeudamiento y la carga para las familias, y sostiene que las medidas de protección anteriores fueron insuficientes. Lula también ha criticado la dependencia de los clubes de fútbol respecto al dinero de los patrocinios. Además, la Advocacia-Geral da União (AGU) presentó una demanda contra 17 empresas de apuestas ante un tribunal federal de Pernambuco. Entre las marcas afectadas están Betano, bet365, Superbet, Sportingbet y Betfair. El gobierno reclama unos R$2.600 millones por costes atribuidos al sistema público de salud (SUS) y al menos R$1.000 millones por daños morales colectivos. La responsabilidad de las empresas tendrá que determinarla el tribunal.

Enfrente, la Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) y el IBJR pidieron al Supremo Tribunal Federal la suspensión inmediata de la medida. Cuestionan la urgencia con la que el gobierno la justificó y alegan seguridad jurídica y protección de la confianza legítima, porque las empresas invirtieron y montaron sistemas al amparo de licencias estatales. Como alternativa, solicitan ampliar los periodos de transición al menos seis meses. La ANJL sostiene que el gobierno buscó una ventaja en la campaña electoral.

Mercado ilegal, devoluciones y calendario electoral

Los datos sobre el mercado ilegal añaden presión al debate. La plataforma de seguimiento Bet Legal identificó 415 nuevos sitios de apuestas ilegales tras el anuncio de la prohibición, casi 300 de ellos en un solo día, y 506 plataformas quedaron fuera de línea. Son cifras sobre la actividad de webs ilegales: no permiten saber cuántos jugadores están migrando ni con qué volumen. El gobierno ha anunciado el bloqueo de dominios, la retirada de aplicaciones y restricciones a los medios de pago.

En el plano operativo, los nuevos depósitos ya estaban prohibidos desde la publicación de la medida. Los jugadores tuvieron hasta las 23:59 del 5 de octubre para solicitar ellos mismos el pago de sus saldos. Los saldos restantes deben devolverlos las entidades financieras entre el 9 y el 14 de octubre, con la Caixa Econômica Federal como apoyo posterior en caso de problemas.

El futuro inmediato se decide en dos frentes. El Congreso debe pronunciarse sobre la medida provisoria y ya ha recibido decenas de enmiendas; una propone permitir los patrocinios de camisetas y estadios ya existentes hasta el final de la temporada o durante un máximo de 24 meses. La nota técnica del gobierno permite vender camisetas ya fabricadas con marcas de apuestas, pero no autoriza nuevas camisetas ni nuevos acuerdos. Flamengo ha pedido al Supremo una decisión urgente antes de que venza el periodo de transición. Y en el plano político, Lula perdió la primera vuelta del 4 de octubre frente a Flávio Bolsonaro; los mercados de predicción dan a Bolsonaro un 84% de probabilidad de ganar la segunda vuelta del 25 de octubre.